El mal llamado Rescate

1

Año 2012. Sábado 9 de junio. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anuncia ante los medios de comunicación, distraídos por el partido inaugural de la Eurocopa, que España acaba de solicitar y obtener de la Unión Europea un rescate de 100.000 millones de euros. Mariano Rajoy no comparece ante la prensa en el que sería el primero de sus muchos mutis por el foro.

De Guindos evita la palabra Rescate en todo momento. Elude pronunciar cualquier frase lapidaria, o sincera. Es consciente de que, dispersando la auténtica chicha de su mensaje, será más complicado adjudicarle el cartel de “el ministro que pidió el Rescate”. Para cuando ya lo ha dicho todo, parece que no ha dicho nada. Según el mensaje escrito en un folio del que no aparta la vista en ningún momento: “Para cubrir las necesidades de recapitalización, el Gobierno español declara su intención de solicitar financiación para aquellos bancos españoles que la necesiten”. Días después Mariano Rajoy se ve obligado a dar la cara. Cuando se le pregunta sobre ello, el Presidente se disgusta cada vez que un interlocutor usa la palabra “rescate” y asegura que, en realidad, se trata de un “préstamo en condiciones muy favorables”. Apenas un año antes, mientras cerca de 130.000 personas se manifestaban al grito de Democracial Real Ya, Rodrigo Rato, por aquel entonces presidente de Bankia, agitaba con suficiencia la campana que anunciaba la salida a bolsa de su entidad, cuyas acciones, por cierto, caerían en picado para no volver jamás al precio con el que salieron a cotización.

Cayó Grecia. Cayeron Irlanda y Portugal. Y, arrastrada por una mescolanza de decisiones inútiles y una banca que creía que podría huir siempre hacia adelante, cayó España. Pero Rajoy y de Guindos tenían razón. No se trató de un rescate. Pero tampoco se trató de un préstamo.

Para saber de qué se trató hay que trasladarse unos pocos años atrás. Concretamente, a finales del 2008. La quiebra de Lehman Brothers en septiembre de ese año sacude los pilares del mercado financiero. Los ecos resuenan en España, pero nadie se da por aludido. Dicen que el sistema bancario español es sólido, solvente. Parece que podemos presumir incluso. Sin embargo, el virus ya se ha propagado. “Por si acaso”, la maquinaria del Gobierno se pone a trabajar, creando fondos públicos preparados para adquirir activos por un lado y avalando la deuda de la banca a través de garantías por un total de 19.000 millones de euros del Estado por otro. Mientras, Zapatero habla de desaceleración del crecimiento, a pesar de que los demás países ya han puesto sus barbas a remojar.

En 2009, la primera de muchas cajas de ahorros, Caja de Castilla la Mancha, pide auxilio. El Ejecutivo crea el FROB, con el fin de agilizar las fusiones entre cajas inyectándoles capital estatal a cambio de participaciones preferentes. Se pretende así, con ingenuidad o estupidez, decidan ustedes, resolver un problema de devaluación del principal activo de las cajas de ahorros (las hipotecas) a través de la eliminación de oficinas, del maquillaje de cuentas inherente a los procesos de fusión y de, al loro, de la ocultación de pérdidas por deterioro de activos, que no se verían reconocidos hasta que se obtuviese el beneficio necesario para cubrirlas (los famosos Esquemas de Protección de Activos).

Pero nada comparado con la guinda del pastel. Para evitar la continua sangría que afloraba en los balances por culpa de esa devaluación de hipotecas, las cajas de ahorros obtienen permiso para trasladar los activos inmobiliarios a nuevas sociedades formadas entre ellas mismas (Aliancia, por ejemplo, formada por un total de 8 cajas de ahorro). Lo que viene a ser tirar por la ventana la basura que ya no te cabe debajo de la alfombra. Si sonreían, incluso llegaban a aparentar que todo iba bien.

Antes de que los platos se rompan aún más, los delegados de las cajas responden con rapidez ante la mano que les da de comer, refinanciando el crédito a las inmobiliarias, no vaya a ser que sus compañeros de aventuras se vean con el agua al cuello. La segunda, por supuesto, pedir que se mantengan las cuotas de poder de sus dirigentes. Ávidas de mantener el statu quo provincial, las comunidades autónomas llegan incluso a acusar al FROB de ser anticonstitucional, aterrorizadas por perder el control de las cajas a favor del Gobierno central. El ejecutivo se ve obligado a ceder para apaciguar a sus barones provinciales y propone una suerte de “fusiones frías”, que permitirían a las cajas mantener los mismos órganos y juntas de dirección, todos ellos, por supuesto, dirigidos por políticos regionales. El trato parece tan bueno que las cajas de ahorro se aglutinan en cajas aún más grandes y a cambio el Gobierno les entrega otros 22.000 millones de euros de los contribuyentes en concepto de garantías.

Conscientes de que si el mercado hipotecario continuaba en aquella vorágine, aquel capital no serviría ni para remendar el agujero de un calcetín, las entidades financieras, incluidos los bancos comerciales, se aprestan a sacar dinero de donde les haga falta. Es el boom de las preferentes. Bancos y cajas se sacan un truco viejo y manido y lo adorna a base de chapa y pintura para que los incautos lo creyesen nuevo y, por si nadie pica, elige bien el público objetivo al que disparar. Años después nos enteraríamos de que más de 12.000 millones de euros de 700.000 ahorradores, la mayor parte de ellos jubilados y ancianos, habían sido estafados por el escándalo de las preferentes. Y mientras el engaño se gestaba, se nacionalizaban al 100% CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Unnim, por otros 11.000 millones en lo que se vino a llamar el FROB 2, a los que habría que sumar 4.750 millones inyectados antes para paliar necesidades “temporales” de liquidez.

Y sin embargo, nada de lo gastado hasta entonces por el Estado sería comparable a lo que estaba por venir. En 2011 la escasez de capital extranjero se hace insoportable. Los bancos españoles llevan tantos años ocultándoles a los organismos europeos cuánto dinero deben y Europa les ha llamado al orden en tantísimas ocasiones que ya nadie se atreve a invertir en España porque, como es lógico, nadie se fía de nosotros. La pérdida de confianza no hace más que disparar el precio al que están dispuestos a prestarnos dinero, la demanda de bonos soberanos españoles cae en picado y el tipo de interés que debemos pagar por lo poco que nos prestan no hace más que subir. Las subastas del Estado se saldan colocando apenas el 40% de las necesidades de capital, y lo colocado se debe pagar a tipos de interés entre el 6 y el 7%. La prima de riesgo alcanza en 2012 su máximo histórico desde la entrada del euro (llegó a los 540 puntos, es decir, que pagábamos un 5,40% más por el dinero que nos prestaban de lo que lo hacía Alemania), y BFA, el conglomerado de cajas de ahorros que controla en calidad de matriz el 45% de Bankia, declara las mayores pérdidas de la historia de España desde la intervención de Banesto en 1993. El Gobierno ya no tiene más salidas que intervenir. Y lo hace tarde y mal, como siempre.

Las cifras que manejaba el gabinete de Rajoy cuando se vio obligado a pedir el rescate ya eran mareantes. A los 22.000 millones de euros que hubo que pagar por adquirir el 100% de BFA (para los menos cardíacos, las partidas de presupuesto anual del Estado del año 2013 para Sanidad, Educación, Cultura y Fomento del Empleo ascendieron en 2013 a un total de 10.290 millones de euros), había que sumarle todo lo pagado durante los procesos de fusión de cajas y lo aportado como garantía para las deudas que esas mismas cajas tenían con organismos extranjeros. Para colmo el FROB había comenzado su tercera fase y ya acumulaba 65.000 millones de euros gastados en rescatar cajas, y ni siquiera se había creado aún el Sareb (conocido como Banco Malo), cuya misión sería concentrar los activos tóxicos de las entidades financieras para sacarlos de una vez por todas de sus balances (hipotecas, principalmente), y que acabaría entregándole al sector, suma y sigue, otros 41.000 millones.

La conclusión fue la que todos conocemos. Europa tendría que interceder, y lo haría a su manera. Nos prestaría dinero a cambio de libertades. El artículo 135 de la Constitución ya había sido modificado un año antes para cumplir el objetivo de déficit fijado desde Berlín, como adelanto de nuestra predisposición a bajarnos los pantalones con tal de obtener dinero europeo. El Banco Central Europeo se ofrecería a aportar 100.000 millones de euros para tapar los agujeros del sector financiero, de los cuales el Gobierno ha usado hasta ahora 40.000 millones. Rajoy y de Guindos aún sacarían pecho, insistiendo en que, como el dinero iba a destinarse únicamente a la banca y no a todo el conjunto del país como ocurrió en Portugal, Grecia o Irlanda, se trataba de un préstamo y no de un rescate.

No fue un rescate, eso es cierto. Y también habría que puntualizar que, a pesar de que la opinión popular así lo crea, ningún banco vio un solo euro del Estado. Fueron las cajas de ahorros quienes lo recibieron, tanto del Estado español como de Europa. Cajas de ahorros cuyos órganos delegados y de dirección estaban compuestos por, no lo olvidemos, políticos regionales. Políticos que buscaron ralentizar en todo momento el proceso de reestructuración con fines partidistas. Que se opusieron a las fusiones y a la intervención de un sector que la pedía a gritos. Que se negaron a que las cajas que hasta entonces controlaban, pasaran a manos de supervisores ajenos a su comunidad. Finaliza el año 2014 y se estima en un total 110.000 millones de euros el gasto incurrido para la reestructuración del sector, de los cuales más de 40.000 millones se dan por perdidos. Y ahora el Estado, es decir, los contribuyentes, tendremos que pagar los destrozos de una banca que había de ser social y que arrastró durante 5 años al país a la fosa de los recortes y de la deuda pública desbocada.

No fue un rescate. Fue el permitir que los partidos dirigiesen entidades financieras que movían cientos de miles de millones. Fue la condescendencia y el mirar hacia otro lado de aquellos que sabían que los políticos, que nada sabían en su mayor parte de gestión financiera, no estaban capacitados para dirigir entes que manejaban tal cantidad del capital privado y público del país. Fue la tolerancia ciudadana a permitir que un sector con tantos riesgos estuviese en manos de caciques regionales que se movían sólo por intereses políticos y cuya agenda la marcaban las campañas electorales

Fue, en fin, una estupidez.

 

Toda lo que necesitas saber de economía y empresas en una sola web.
Loading Facebook Comments ...
Shares

¿Te gusta? Sigue leyendo