Por qué la reestructuración de la deuda pública no es la solución

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Todas las mañanas, el niño que jugaba con tazos prestados salía al recreo con ansias de ganar. Su agenda rara vez cambiaba: corría hasta el estanco, se compraba un paquete de patatas y apostaba el tazo que contenía contra otro niño. Si por desgracia perdía, pedía prestado otro más, que devolvería al día siguiente tan pronto como comprara otro paquete de patatas. La posible derrota le privaba de jugar al día siguiente, pero el préstamo, en cambio, le permitía volver a intentarlo e incluso, apostar más de un tazo por jugada. Algunas veces hasta le prestaban más de uno y él, por supuesto, siempre los devolvía, porque una vez no lo hizo y estuvieron sin prestarle durante todo un trimestre. La confianza en que los devolviera era tan crucial para poder seguir jugando, que a veces incluso tenía que defenderla de aquellos granujas que la ponían en duda.

La alternativa propuesta por Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda puede compararse a la negación del niño a devolver los tazos prestados. Se pide en ella la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de una auditoria de las cuentas públicas, bajo supervisión ciudadana e independiente de las instituciones, que determine que montos de la misma no han de pagarse por considerarse ilegítimos. Consideración, la de ilegítima, cabe decir que bastante arbitraria, por establecerse a raíz de fundamentos subjetivos, o al menos eso se extrae de la afirmación de que numerosas deudas deben considerarse ilegítimas porque han sido contraídas “violando el derecho” y/o “porque no han beneficiado a la población”. (En el caso de nuestro niño, porque los tazos fueron prestados a sabiendas de que aquel día tendría mala suerte).

Dejando a un lado ideologías políticas, habría que desgranar las consecuencias de una medida tan arriesgada como la de la reestructuración de la deuda pública (entendiéndola como unilateral, ya que si se consiguen quitas o impagos de partes de la misma en convenio absoluto con los acreedores, bienvenidas sean). Lo que sí es cierto, y hasta indiscutible, es que el nivel de deuda pública de España no es sostenible en el largo plazo, y no lo es porque ya sólo en el corto supone un lastre de gran parte del presupuesto estatal. Si hay algo que la hace soportable es únicamente la situación coyuntural que atraviesa el mercado de deuda, donde el tipo de interés del bono español a diez años se encuentra ahora por debajo del 2% (en mínimos históricos). Estos niveles de interés, que no durarán para siempre y menos ahora que EE.UU. vuelve a crecer, permiten que los bonos subastados por el Estado en la actualidad sean pagados a un coste de financiación casi nulo. Pero con el prácticamente inexistente crecimiento y sin noticias de la inflación, componentes que permiten que la deuda se absorba por sí sola, el futuro se presenta un pelín aciago. Lo que ha ocurrido aquí es que el niño pidió demasiados tazos prestados, más de los que podía devolver a ritmo de un paquete de patatas por día, y ahora tiene que estar todo un mes devolviéndolos antes de volver a tener al menos uno en propiedad.

¿Es factible entonces que el niño se niegue a devolver los tazos? Lo es, pero al igual que España, se vería en la situación de no volver a recibir más préstamos y a vivir, por lo tanto, exclusivamente de lo que sea capaz de producir. Tendría que asumir que, a cambio de no pagar lo que debe, a partir de ahora el total del que dispondría dependería sólo de su capacidad para comprar más paquetes de patatas. Este planteamiento le puede llegar a resultar atractivo, como todas las soluciones a las que se llega utilizando únicamente el punto de vista microeconómico, pero, como hasta el niño sabe, España no es como él. España es un país inserto en un mundo capitalista y neoliberal, un patio de colegio donde conviven miles de niños con mayor capacidad para comprar paquetes de patatas que él y donde el tener pocos tazos se traduce en pobreza infantil, tasas de desempleo desorbitadas, bajos salarios y, en definitiva, malestar social. Un mundo donde los niños que no disponen de ese crédito jamás podrían soñar con equipararse a los demás.

Dejando un lado entonces la viabilidad de llevar a cabo ese impago, cuestión que habría que abordar desde un punto de vista más político que económico, ya que en sí supone la escisión del marco económico vigente, hay más factores todavía a tener en cuenta. Y es que en nuestro caso, y continuamos con el ejemplo, los tazos prestados no vienen todos del exterior, sino que el niño se los ha prestado a sí mismo en varias ocasiones, y más en los últimos años. Si desglosáramos el total de la deuda pública española veríamos que gran parte de ella ha sido comprada por los bancos nacionales. Esto se ha debido a que se les ha inyectado toneladas de liquidez (desde el Banco Central Europeo y con la esperanza de que llegase hasta los ciudadanos) y ellos, recelosos de la solvencia de las familias y particulares y acuciados por normativas que les penalizan por mantener esa liquidez en sus balances, se han lanzado a la compra masiva del único valor que hasta ahora se ha creído seguro: la deuda pública. Cabe preguntarse entonces, si esa restructuración se realizase, ¿se incurriría también en el impago a los bancos, empresas, y, básicamente, todos aquellos españoles que han continuado invirtiendo y respaldando la financiación estatal?

Y por último, habría que desarrollar un poco más el punto de vista ético de un posible impago o reestructuración de la deuda. De la misma manera que se pretende ahondar en esta situación desde el argumento de que parte de la deuda estatal no ha beneficiado a la población o fue contraída de manera irregular, habría que señalar que quienes la compraron no han tenido la culpa. La mayor parte de la deuda pública fue creada por el Gobierno para avalar los activos hipotecarios de las entidades (principalmente, cajas de ahorros) que estaban en riesgo de bancarrota. Esos bonos soberanos fueron, por así decirlo, intercambiados por esos activos de deuda privada que poseían los inversores, con el objetivo de respaldar la viabilidad de las entidades financieras españolas que estaban al borde de la quiebra. Que se resolviera la catástrofe de las cajas de ahorro intercambiando deuda privada por deuda pública y, por ende, provocando un agujero en la economía del país que ahora debemos pagar los contribuyentes fue algo tan desafortunado como necesario para evitar el colapso financiero. Pero la culpa no la tuvieron quienes compraron esos activos, ni tampoco quienes ahora debemos pagar los platos rotos, sino quienes permitieron y promovieron la desregulación que nos llevó a tener que obligar al Estado, que somos todos, a responder por el festín que se había pegado el sector privado a nuestra costa.

El ejemplo quedaría más completo, por lo tanto, añadiendo que no se trató de un solo niño, sino de muchos, quienes contrajeron la deuda de los tazos. Y que mientras unos lo hacían a ritmo de un préstamo por día, algunos, muy pocos, pidieron más de los que habría nunca en el estanco.

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